Colección 30 años - Los archivos de la Democracia

«Derechos en debate»

Con el final de la dictadura, la sociedad argentina comenzó un proceso de revalorización del sistema democrático parlamentario sostenido en la necesidad de operar con reglas compartidas y soluciones conformes a la ley. En este sentido, el debate en torno a los derechos ha sido clave en la reinstitucionalización y la democratización del país.

Si bien podemos hablar de ampliación de derechos en estos últimos 30 años, también hay que señalar que este no fue un proceso lineal; los avances y las retracciones registrados se relacionan tanto con los actores sociales y los intereses involucrados, como con la voluntad de la dirigencia y el impacto desigual de las políticas.

En este sentido, es posible identificar dos grandes líneas que recorrieron las políticas de derechos humanos: una que apuntó a revisar el accionar de las Fuerzas Armadas y los crímenes de lesa humanidad y otra cuyo propósito fue legislar en función de la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes de la Argentina.

Como marco fundamental a la ampliación de derechos, durante los años de la transición democrática se aprobaron el Pacto de San José de Costa Rica y se adscribe al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, normas que luego tomarían rango constitucional con la reforma de la Carta Magna de 1994.

Con respecto a la investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, los 30 años de democracia muestran un sinuoso recorrido. El proceso iniciado con el Juicio a las Juntas Militares en 1985 —donde se probó la responsabilidad en el genocidio de los principales miembros de las Fuerzas Armadas— se interrumpió con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Este retroceso en el camino de la justicia se profundizaría aún más con los indultos de 1989 y 1990 dictados por el presidente Carlos Menem.

En el año 2003, aquellas leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso y dos años después, anuladas por la Corte Suprema de Justicia. Se abrieron nuevas instancias para el juzgamiento de los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura militar.

Respecto de los derechos sociales, las políticas neoliberales y las leyes de flexibilización laboral significaron un aumento de la desocupación, la precarización del empleo y la vulneración de los derechos de los trabajadores en actividad y retirados, poniendo también en riesgo el sistema previsional que fue entregado a aseguradoras privadas.

En la primera década de este siglo, el Estado llevó adelante políticas sociales que buscaron recuperar y reestablecer los derechos de los sectores más vulnerables. En esa dirección, se volvió a estatizar el Sistema Previsional y se estableció la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (2009).

Por su parte, a lo largo de estas tres décadas, se fueron instalando en la agenda pública debates en torno a la plena vigencia de los derechos de las mujeres y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el abordaje de problemáticas como la violencia doméstica, la salud reproductiva y la trata de personas. En este sentido, el Estado y la sociedad argentina han avanzado garantizando, por ejemplo, la participación de mujeres en los órganos de decisión de los partidos políticos y en las listas para cargos electivos (Ley de Cupo Femenino, 1991), en el reconocimiento de la diversidad de géneros y familias, desde la Ley de Divorcio de 1987 hasta la del Matrimonio Igualitario de 2010 y la Ley de Identidad de Género de mayo de 2012.

En este apartado, los materiales de la colección dan cuenta de algunos debates y disputas y de la emergencia de nuevos actores sociales reivindicando sus derechos; son más de doscientos documentos para enmarcar la sanción de algunas leyes y hacer visible el complejo camino hacia la ampliación de ciudadanía.

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