Colección 30 años - Los archivos de la Democracia

«Modelos económicos e impacto social»

Los grandes problemas económicos que enfrentó la transición democrática pueden resumirse en la presión por la redistribución de los ingresos, la caída de la inversión y la deuda externa. Todos temas centrales que mostraron las tensiones del modelo de acumulación y evidenciaron la necesidad de un cambio estructural.

Si bien el primer plan económico del gobierno de Alfonsín buscó ciertas mejoras en la distribución salarial, rápidamente el proyecto mostró los límites de un Estado débil frente a los distintos grupos de interés que pugnaron por apropiarse de los ingresos en un contexto de recursos escasos y de gran inflación. Este intento de retorno a la matriz sustitutiva de importaciones basada en la redistribución no construyó una alianza social capaz de modificar el patrón de acumulación en marcha. Con respecto a la deuda externa, en principio se intentó discriminar deuda legítima de ilegítima, pero al poco tiempo su pago se convirtió en uno de los principales objetivos y consumió la mayor parte de los recursos generados por el comercio exterior. Esto limitó el crecimiento económico y reforzó la concentración y diversificación de los sectores de la economía que habían sido beneficiados por las políticas de desindustrialización y valorización financiera llevadas adelante durante la dictadura.

En un marco de agudización de los problemas sociales, el gobierno impulsó políticas asistenciales con el objetivo de responder a las urgencias de los sectores más postergados, tal fue el caso del Plan Alimentario Nacional (PAN). Luego, con el fin de controlar la inflación y reducir el déficit fiscal, un nuevo gabinete económico cambió la denominación de la moneda: dejaron de ser pesos para ser australes, en una disposición que le puso freno a la emisión, además de congelar el tipo de cambio, los precios, las tarifas públicas y los salarios. Tras el objetivo de estabilización económica, el gobierno se propuso acompañar estas medidas con una reestructuración del sector público a través de la privatización de algunas empresas del Estado, plan que fue rechazado por el Congreso Nacional.

En busca de una solución, el gobierno intentó una vez más negociar con los organismos de crédito aplicando políticas de ingresos recesivas que afectaron el consumo interno, pese al rechazo popular. Al mismo tiempo, la Sociedad Rural también manifestó su desacuerdo con las medidas, pues el valor de la moneda extranjera no beneficiaba a los sectores exportadores. En estas condiciones, el gobierno decidió la cesación de pagos de la deuda externa (1988) y, meses después, sectores del capital financiero local y los bancos extranjeros dispararon una serie de corridas cambiarias para que el gobierno realizara las transformaciones requeridas por los organismos de crédito internacionales, proceso que terminaría desatando la crisis hiperinflacionaria de 1989.

A la disputa por la redistribución del ingreso entre los grupos económicos más poderosos, se sumó la puja del gobierno con las organizaciones sindicales, situación que acarreó un nuevo recambio del equipo económico. En esa jugada, se impuso la perspectiva liberal que impulsaba la reducción del Estado para derrotar la inflación y presentaba a la hiperinflación como una consecuencia de la excesiva intervención del Estado. Esta idea fue funcional al disciplinamiento social y sirvió para la liberalización de las políticas en los años posteriores. Finalmente, en las elecciones presidenciales de mayo de 1989, se impuso la fórmula justicialista que postulaba a Carlos Menem y a Eduardo Duhalde como presidente y vice. La deriva económica y los saqueos de comercios forzaron al gobierno a entregar el mando por anticipado.

Durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1999) se consolidó el modelo de ajuste estructural: un capitalismo de características neoliberales cuyas bases se habían gestado a mediados de los años setenta. Este gobierno profundizaría la alianza con los sectores del capitalismo financiero, propiciando una nueva inserción de la Argentina en el contexto internacional. En consecuencia, sancionó las leyes de Emergencia Económica (23.697) y de Reforma del Estado (23.696) para allanar el camino y legislar por decreto. Este nuevo modelo estableció una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y el dólar a través de la Ley de Convertibilidad (1991). Además, la privatización de las empresas de servicios públicos y la reforma de la legislación laboral permitieron la flexibilización de las condiciones de trabajo, al tiempo que debilitaron el poder de negociación y resistencia de la clase trabajadora.

Como consecuencia de este escenario, surgieron nuevas expresiones organizativas de trabajadores y de desocupados, entre ellos, el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) —que aglutinó a los trabajadores y sindicatos disconformes con la política de Menem— y el movimiento piquetero, que se expandió desde Cutral Có y Plaza Huincul hacia todo el país.

Las elecciones de 1999 marcaron el inicio de un nuevo gobierno. Fernando de la Rúa asumió la presidencia representando a la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, y continuó las políticas económicas de los años noventa. Esto significó la profundización de la convertibilidad y del ajuste, a la vez que ahondó la fuga de divisas que llevó al decreto del célebre «corralito» financiero, en diciembre de 2001. El aumento de la pobreza y el deterioro de las clases medias provocaron una profunda crisis social que desembocó en una crisis de representatividad política sin precedentes y obligó a la renuncia al presidente y a todo su gabinete.

A comienzos de 2002, con la devaluación de la moneda y el aumento de los precios internos, se produjo una pronunciada transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, lo que llevó a una recomposición de la tasa de ganancia en el conjunto de la economía, especialmente para las firmas oligopólicas.

Desde 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner las políticas públicas se orientaron hacia la economía real, por encima de los sectores que sustentaban la valorización financiera. En poco tiempo, los indicadores mostraron el cambio: disminuyó la desocupación, mejoró la distribución del ingreso y se generaron cerca de cinco millones de puestos de trabajo a partir de una producción industrial en expansión, que creció a una tasa anual acumulativa de 7% entre 2003 y 2010, porcentajes que superaron los niveles de la década de 1990.

En este nuevo proceso económico, la demanda interna fue el motor fundamental del desarrollo. El consumo doméstico, tanto público como privado, así como la inversión, tuvieron un rol protagónico como contribución al crecimiento. Es de señalar que el aumento en el precio internacional de los principales commodities supuso el ingreso de una masa de recursos extraordinaria, que aceleró el ritmo de variación de los precios internos.

Sin embargo, la política de exportaciones sería un tema conflictivo a partir de 2008, cuando, en un contexto de aumento nacional e internacional de precios de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de los Estados Unidos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo para atenuar las oscilaciones de los precios internacionales y evitar la «sojización» del agro. Esta política de intervención estatal generó la resistencia de las corporaciones del sector, que se manifestaron con prolongados cortes de rutas, desabastecimiento de alimentos a centros urbanos y en la conformación de un bloque de agrodiputados en el Congreso. Esta posición tuvo su punto culminante con el voto negativo del vicepresidente de la Nación, quien desempató la disputa en el Senado, priorizando su acuerdo con los intereses del sector agrario sobre el poder ejecutivo que representaba.

Otros avances de esta gestión son las políticas que redefinieron el rol del Estado en términos económicos, ejemplificadas en la nacionalización de las empresas privatizadas durante la década del noventa, como Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba, YPF y, en mismo sentido, se reestatizaron las jubilaciones y pensiones.

Los documentos de este recorrido que propone la colección permiten identificar, comparar y analizar las distintas políticas económicas, conflictos e intereses que se presentan durante estos últimos 30 años en nuestro país.

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